Los juegos territoriales colombianos transfirieron $2,56 billones al sistema de salud entre 2022 y 2026, impulsados por los ingresos procedentes de las loterías, las apuestas permanentes o chance y Raspa&Listo, según el balance presentado el 27 de julio durante la Asamblea General de la Federación de Loterías de Colombia (Fedelco).
Las 15 loterías territoriales aportaron más de $1,05 billones, mientras que el chance transfirió $1,33 billones para financiar principalmente el régimen subsidiado de salud. Ambas modalidades suman $2,38 billones; el informe atribuye el total restante a Raspa&Listo, aunque no ofrece un desglose individual para este producto.
El desempeño fiscal estuvo respaldado por un volumen considerable de comercialización. Las ventas acumuladas de las loterías alcanzaron $2,9 billones durante el cuatrienio, mientras las del chance superaron los $10,6 billones. En conjunto, ambas categorías movilizaron al menos $13,5 billones, mostrando el peso de los juegos administrados desde los departamentos dentro del mercado regulado colombiano.
Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, informó que se firmaron más de 40 pactos por la legalidad con concesionarios de chance y operadores de loterías. La estrategia se extendió por los 32 departamentos y buscó contener la comercialización de apuestas sin autorización, una actividad que desvía recursos destinados a la salud.
Desde el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar también se actualizaron instrumentos regulatorios, controles de transparencia, criterios de juego responsable y estándares técnicos aplicables a los sorteos. El organismo acompañó adicionalmente procesos de capitalización y modernización institucional de las loterías.
La agenda pendiente contempla reformar el régimen de loterías, incorporar sistemas de Generación de Números Aleatorios (GNA), permitir transmisiones digitales de sorteos y establecer mecanismos excepcionales para proteger a los operadores territoriales cuando enfrenten riesgos de iliquidez. Su implementación dependerá de la expedición de los respectivos proyectos normativos.
