Colombia traslada el control del juego ilegal al sistema financiero. El 16 de abril de 2026, en el Boletín No. 017, Coljuegos confirmó que su presidente Marco Emilio Hincapié Ramírez se reunió en Bogotá con Superintendencia Financiera de Colombia, dirigida por César Attilio Ferrari, con el objetivo operativo claro, bloquear el flujo de recursos hacia plataformas ilegales que operan apuestas por internet sin autorización.
El movimiento se sustenta en el marco del monopolio rentístico del juego establecido por la Ley 643 de 2001, que define que toda operación de juegos de suerte y azar debe estar autorizada por el Estado y que sus ingresos financian el sistema de salud. Bajo este esquema, los operadores online deben cumplir requisitos técnicos y contractuales dentro del régimen de juegos operados por internet (JOI), incluyendo sistemas de control como SARLAFT, el modelo obligatorio de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que exige trazabilidad de fondos, conocimiento del cliente y monitoreo de transacciones.
En ese sentido, Hincapié fue directo. “No permitiremos que plataformas ilegales sigan utilizando canales financieros para evadir la ley. Vamos a coordinar acciones contundentes para bloquear el flujo de recursos hacia estas actividades que restan aportes a la salud y no garantizan protección al apostador”. El mensaje redefine el frente de control, ya no centrado únicamente en el bloqueo web, sino en los canales de pago.
Para los operadores legales, la reunión abre un frente positivo, ya que Coljuegos busca que la banca incorpore en sus análisis de riesgo que los concesionarios ya cumplen estándares regulatorios y de cumplimiento, lo que facilitaría su acceso a cuentas, pasarelas y servicios financieros, reduciendo fricciones operativas.
El ajuste cambia el equilibrio del mercado, pues si el sistema financiero diferencia al operador autorizado del ilegal, el primero gana acceso y liquidez, mientras el segundo pierde su principal vía de captación.
