Con la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado de Chile habiendo aprobado por unanimidad un proyecto de ley que busca prohibir el funcionamiento de las máquinas tragamonedas o de azar, fuera de los locales que están permitidos por la ley de casinos, se convierte en uno de los países latinoamericanos que busca eliminar el provecho y enriquecimiento que toman empresas por vender y operar maquinas “certificadas”
Pues las autoridades chilenas han logrado sumergirse en la realidad del sector de la calle para dejar fuera de funcionamiento miles de máquinas tragamonedas de premios programados.
“Un estudio arrojó que, de tres mil locales, 1.327 tienen máquinas que entregan premios en dinero, es decir, que son de azar, por lo que según la normativa vigente sólo podrían estar en los establecimientos habilitado” argumento Alejandro Navarro, parlamentario precursor del proyecto.
En chile las empresas entregan las patentes de sus maquinas a las municipalidades donde operadores las podrán en funcionamiento, esto para cumplir con todas las normas de homologación y certificación exigidas por el país. Sin embargo, quienes adelantan el proyecto de ley para sacar de las calles a las maquinas tragamonedas han comenzado a cuestionar la posición de los municipios que entregan permisos a maquinas no certificadas.
Incluso los impulsores del proyecto de ley han expresado la existencia de empresas que se han escudad en tecnicismos legales para solicitar el otorgamiento de estos permisos.
“Las máquinas de premio programado, tienen la posibilidad de tener una programación distinta a la que se estipula en la Ley de Casinos, en donde se obliga a los operadores a retornar el 85% de lo que en las máquinas se juega. Ese 85% está calculado sobre la base de 10 millones de jugadas. Además, el impuesto a lo que las maquinas ganan y generan es entorno al 20%. ” declaró la superintendente de casinos Vivién Villagrán.
De modo que, al ser máquinas de premios programados, pueden tener una programación menor a la que tiene el gobierno para cobrar el impuesto a las entradas que está calculado en un retorno del 85% de lo que se juega en las máquinas, el cual esta calculado sobre una base de 10 millones de jugadas.
De esta forma, al estar fuera del ámbito regulado y poder tener una programación menor a la anteriormente mencionada, las ganancias para las empresas operadoras de estas aumentan de una manera sustancial, ya que no tienen la restricción de cobrar una entrada.
