Las autoridades y operadores del sector de apuestas en Colombia enfrentan una amenaza creciente que no proviene de nuevos competidores regulados ni de cambios tributarios, sino de una red cada vez más sofisticada de tipsters falsos, afiliados informales y canales digitales que utilizan promesas de ganancias garantizadas para captar usuarios y dirigirlos hacia plataformas ilegales o esquemas de fraude.
El fenómeno ha ganado visibilidad durante 2026 gracias a la expansión de comunidades de apuestas en Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook y Discord, donde supuestos expertos deportivos comercializan pronósticos VIP, membresías premium y sistemas que prometen porcentajes de acierto imposibles de verificar. El esquema suele comenzar con predicciones gratuitas y capturas de pantalla seleccionadas que muestran ganancias extraordinarias. Posteriormente, los usuarios son invitados a grupos privados donde deben pagar suscripciones que pueden comenzar en COP$50.000 o COP$100.000, aunque las pérdidas finales suelen ser mucho mayores cuando se les incentiva a realizar apuestas de alto riesgo o a depositar dinero en plataformas no autorizadas.
El fraude funciona mediante una mecánica relativamente simple. Los administradores distribuyen pronósticos distintos entre diferentes grupos de usuarios; inevitablemente algunos aciertan por probabilidad estadística. Esos resultados se utilizan luego como material promocional para atraer nuevos clientes, creando una falsa percepción de precisión. En otros casos, los tipsters reciben comisiones por afiliación al dirigir jugadores hacia operadores ilegales o sitios clonados que imitan la imagen de marcas reconocidas del mercado regulado.
La problemática afecta directamente a la industria legal porque genera confusión entre los usuarios y deteriora la confianza en los operadores autorizados. En Colombia, únicamente pueden ofrecer apuestas online las plataformas que cuentan con autorización y contrato vigente otorgado por Coljuegos, entidad presidida por Marco Emilio Hincapié Ramírez y adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encabezado por Germán Ávila Plazas. La actividad está regulada por la Ley 643 de 2001, que establece el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar y exige autorización estatal para su explotación.
Las autoridades observan además una creciente participación de influencers y creadores de contenido que promocionan sistemas de apuestas, enlaces de afiliados o supuestos métodos infalibles sin revelar adecuadamente riesgos, probabilidades reales o relaciones comerciales. Cuando existen promesas de rentabilidad garantizada o publicidad potencialmente engañosa, puede intervenir la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dirigida por Cielo Rusinque, mientras que los casos de estafa, fraude informático, suplantación de identidad o captación mediante engaño pueden escalar a investigaciones de la fiscalía general de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo Garzón.
Las señales de alerta son claras con promesas de éxito superiores al 90%, cobros mediante billeteras personales o criptomonedas, ausencia del operador en los registros oficiales de Coljuegos, presión para depositar rápidamente y enlaces distribuidos exclusivamente por canales privados. Ningún operador regulado ni ningún analista serio puede garantizar resultados deportivos.
La respuesta institucional también está evolucionando. Durante 2026, Coljuegos reforzó la cooperación internacional con organismos especializados y autoridades policiales para combatir apuestas fraudulentas, operadores ilegales y esquemas de captación digital. La tendencia apunta a mayores controles sobre afiliados, publicidad digital, influencers, sistemas de referidos y mecanismos de promoción utilizados para atraer jugadores fuera del mercado regulado colombiano.
