Coljuegos retiró 30 máquinas tragamonedas que funcionaban sin autorización en tres establecimientos de Ipiales, Nariño, durante un operativo divulgado el 30 de julio de 2026. Los equipos habrían omitido cerca de $284 millones en derechos de explotación, recursos destinados a financiar la salud.
La intervención reunió a Coljuegos, el concesionario SuperGiros, la Lotería de Nariño y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional —GOES—. Marco Emilio Hincapié, presidente del regulador, afirmó que las operaciones clandestinas defraudan las transferencias del monopolio rentístico hacia la salud y aseguró que el control continuará.
Las máquinas fueron decomisadas y serán incorporadas a un proceso administrativo sancionatorio. Una vez agotadas las actuaciones, Coljuegos prevé destruirlas para impedir su reincorporación a circuitos ilegales.
El balance indica que, durante los últimos cuatro años, fueron incautados 12.852 elementos ilegales en 24 departamentos mediante más de 514 operativos, ejecutados con apoyo de autoridades estatales y entidades privadas. En el mismo periodo, Coljuegos destruyó 15.644 elementos de juego clandestino.
Operar juegos de suerte y azar sin autorización, permiso o contrato puede configurar el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, tipificado en el artículo 312 del Código Penal. La disposición establece prisión de seis a ocho años y multa penal de 500 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El boletín oficial advirtió adicionalmente una posible sanción de 100 salarios mínimos por cada máquina incautada. Sin embargo, el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, que modificó el artículo 44 de la Ley 643 de 2001, fija para tragamonedas una multa administrativa de 80 salarios mínimos por unidad. Los 100 salarios corresponden en ese artículo a juegos distintos de los localizados operados por autorización. La cuantía aplicable deberá definirse dentro del expediente sancionatorio, con identificación y derecho de defensa de los responsables.
