Estimados(as Lectores(as)En el marco de la regulación colombiana de juegos de suerte y azar, la publicidad se ha convertido en un frente de control prioritario. Con la expedición del Decreto 2124 de 2023, se fijaron lineamientos que impactan de manera directa a los operadores autorizados por Coljuegos, en especial en lo que respecta a bonos, promociones y mensajes de captación de jugadores.
El Decreto establece que toda comunicación comercial debe cumplir con criterios de veracidad, transparencia y responsabilidad social, prohibiendo expresamente cualquier mensaje que pueda inducir a error o estimular el juego entre menores de edad o población vulnerable. En esa misma línea, la norma limita el uso de bonos de bienvenida o promociones agresivas que, por su forma de presentación, puedan generar un incentivo desproporcionado para apostar.
Para los operadores, esto implica una obligación de revisar y ajustar sus estrategias de marketing. Las piezas publicitarias deben incluir mensajes de advertencia claros sobre la naturaleza del juego, recordando que se trata de una actividad exclusiva para mayores de 18 años y que puede generar riesgos de adicción.
El incumplimiento no solo conlleva la imposición de sanciones administrativas por parte de Coljuegos, sino también la posibilidad de afectación contractual, ya que los contratos de concesión contemplan la obligación de acatar la normatividad vigente en materia de publicidad.
En la práctica, los operadores están llamados a implementar protocolos internos de revisión legal y de compliance publicitario, garantizando que cada campaña sea validada antes de su difusión. La tendencia regulatoria internacional —ejemplificada en Europa con la obligación de mostrar advertencias tipo tabaco en apuestas online— anticipa un endurecimiento progresivo del marco colombiano.
Ya para finalizar el Decreto 2124 de 2023 no es un requisito accesorio, sino un eje central en la operación de juegos legales. Los operadores que no adapten su estrategia publicitaria a estos estándares se exponen no solo a sanciones económicas, sino al riesgo de comprometer la vigencia de sus títulos habilitantes.
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