En el marco de su política de fiscalización y legalidad, las autoridades colombianas han intensificado las acciones contra la operación ilegal de rifas y juegos de suerte y azar en todo el país. Solo en los últimos meses, se han registrado múltiples condenas y capturas, evidenciando el esfuerzo del Estado por frenar esta práctica que afecta gravemente los recursos de la salud pública.
Uno de los casos más recientes se presentó en Valledupar, donde una mujer fue condenada a cuatro años de prisión por vender rifas sin autorización. La sentencia se dictó por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, contemplado en el Código Penal. Este tipo de decisiones judiciales fortalecen la institucionalidad del sector y envían un mensaje claro: el juego ilegal no es tolerado.
En otras regiones, como Manizales, Barranquilla y Palmira, se han reportado capturas de personas implicadas en redes informales que distribuían boletas sin aprobación de Coljuegos, algunas incluso utilizando códigos falsificados. En Palmira, las autoridades incautaron más de 2.500 boletas ilegales, con un valor estimado cercano a los 2.500 millones de pesos.
Coljuegos ha reiterado que estas acciones no solo buscan proteger los ingresos del Estado, sino también garantizar que los juegos operen bajo esquemas de transparencia y responsabilidad. La entidad invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa y recuerda que las rifas solo pueden realizarse con autorización expresa y supervisión oficial.
