Coljuegos cerró su gestión con el reporte de la mayor ofensiva contra el juego ilegal en Colombia con 12.852 elementos incautados, 58.916 órdenes de bloqueo y 209 sanciones por más de $94.739 millones, según el balance presentado por la entidad el 6 de agosto de 2026.
La estrategia de fiscalización alcanzó 24 departamentos, donde fueron ejecutados 514 operativos en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, autoridades territoriales y otras entidades competentes. Las intervenciones estuvieron dirigidas contra establecimientos y estructuras que explotaban juegos de suerte y azar sin autorización.
Además de los equipos incautados, Coljuegos reportó por primera vez la destrucción de 15.644 elementos ilegales, entre máquinas electrónicas tragamonedas, módulos de apuestas, ruletas y otros dispositivos utilizados para operar juegos al margen del mercado autorizado.
La entidad calcula que estas actividades ilegales provocaron que más de $400.000 millones dejaran de ingresar al sistema de salud colombiano, uno de los principales destinos de los recursos generados por la explotación legal de los juegos de suerte y azar.
El frente digital concentró otra parte de la ofensiva. Coljuegos emitió 58.916 órdenes de bloqueo contra sitios web que operaban o promocionaban apuestas ilegales. Dentro de las medidas aparecen 437 perfiles de redes sociales utilizados para promocionar casas de apuestas no autorizadas.
La estrategia también reactivó expedientes que permanecían pendientes. Más de 1.961 procesos que se encontraban estancados desde 2017 fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación para investigar a los responsables de las actividades detectadas.
En el frente administrativo, el regulador impuso 209 sanciones por ilegalidad, cuyo valor conjunto superó los $94.739 millones. La estrategia territorial se apoyó además en 56 pactos por la legalidad firmados con alcaldías, gobernaciones, operadores autorizados, gremios y concesionarios de chance, extendiendo la coordinación contra el juego ilegal desde el nivel nacional hacia autoridades y actores locales.
