Dentro las siguientes semanas el gobierno de Iván Duque deberá presentar al congreso la denominada ley de financiamiento, con la que el gabinete busca cumplirle al país la promesa que fue fundamental en su campaña para las elecciones presidenciales, apoyar el fortalecimiento de las medianas, pequeñas y microempresas, especialmente aquellas que hacen parte de la economía naranja, como las subscritas a la industria de juegos de suerte y azar.
La ley nace después del cambio de gabinete, que llega con aires más jóvenes buscando refrescar la economía y el emprendimiento colombiano.
Estos traen al país argumentos nuevos, entendiendo la necesidad apoyar sectores como los juegos de suerte y azar, los cuales soportan grandes cargas impositivas y continúan siendo un referente económico para las arcas del estado.
El viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez Ospino, quien participó en el foro “Juegos de suerte y azar, una industria innovadora”, explicó que el 90% de las empresas del país son micro, medianas o pequeñas compañías, siendo estas las más afectadas por el sistema tributario actual.
“La carga tributaria que tiene el sector privado en Colombia llega, en algunas ocasiones, a niveles expropiatorios, que, básicamente, acaban con las utilidades. Incluso, hay algunos mecanismos del sistema tributario que impiden la creación de empresas. Tradicionalmente, el estado colombiano le ha dado al sector privado un mensaje según el cual la formalidad se ve como un costo y eso termina generando informalidad”, explica el viceministro
Rodríguez Ospino, aseguró que con la Ley de Financiamiento quieren brindarle un respiro al empresario para que esto tenga como consecuencia la reactivación de generación de empresas y trabajo en el país. Pues a pesar de que, aunque la tasa nominal del impuesto sobre la renta ha bajado durante los últimos años, y quedará en 33% a partir del 2019, hay otro tipo de cargas que afectan especialmente a los pequeños empresarios.
“Básicamente, la propuesta es tener un incentivo en la tarifa nominal, un impuesto de renta cero para las empresas de este sector; obviamente, que generen valor, que cumplan unos requisitos mínimos, que sean claramente industrias del sector naranja, empresas que generan valor agregado tecnológico y de innovación. En esa línea es la propuesta del presidente, enfocada en pequeñas y medianas empresas” sostuvo Rodríguez.
Estas estrategias económicas, buscan principalmente darle sustento y apoyo a todas estas empresas que se encuentren inmersas sobre la economía naranja, donde seguramente este sector (los juegos de suerte y azar) va a tener un espacio, porque es una economía creativa, y según los nuevos regímenes económicos internacionales serán estas economías las encargadas de engranar el nuevo motor de crecimiento económico.
“Nosotros queremos buscar la forma de que el Estado sea un aliado de la empresa y la empresa un aliado de la sociedad; que el sector privado tenga más posibilidades de participar, y ser formal no sea solo un costo, sino que también tenga sus beneficios.” Asegura Rodríguez
Sin embargo, para esto necesitaran añadirle al presupuesto de 2019 unos 14 billones de pesos. Las propuestas que serán el motor de la ley de financiamiento, es decir con las que buscan obtener los recursos están dirigidos en su mayoría a un cambio en el IVA:
El primer combo se propone que la tarifa general de 19% se extienda al resto de la canasta, algo que recaudaría en un año hasta $15,3 billones; en el segundo, se establece una reducción gradual de la tasa de 19% a 16% también con una ampliación en la base; y en el tercero, que este tributo se reduzca a 17%. El segundo permitiría $11,9 billones adicionales para el próximo año y el tercero lograría $8,5 billones.
Otras de las opciones para contemplar son en materia de renta, pues proponen que las personas naturales que ganan unos $30 millones mensuales paguen una tarifa de 37% generaría $2,4 billones para 2019. Sin embargo, que la tarifa de las empresas disminuya (hasta ubicarse en 32% a partir de 2022) no le empezaría a reportar pérdidas al Estado hasta 2020.
Adicionalmente buscarían reducir los gastos del gobierno de dos formas, la primera seria mejorar la administración tributaria le darían a la Nación $1,5 billones para 2019. Mientras que la segunda sería la devolución del IVA por la adquisición de bienes de capital, con una caída en los ingresos de $6,1 billones.
