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  No es obligatorio número de placa en cascos motociclistas  




No es obligatorio número de placa en cascos motociclistas
Fuente: Laura Ardila Bendek
Publicado: 2022-07-20

Por medio de la Ley 2251 del 14 de julio, conocida como Ley Julián Esteban, en memoria del niño ciclista arrollado en accidente de tránsito; se establecieron disposiciones normativas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de un  sistema seguro y que proteja a los(las ) ciudadanos(as) .

La Ley 2251 del 14 de julio de 2022, trae cambios que facilitaran el diario trajinar de todos(as) los(as) ciudadanos(as) de Colombia y pretende acelerar los procedimientos de las seccionales de tránsito a nivel Nacional.

De acuerdo con la Ley 2251 del 14 de julio, corresponde a las entidades del Estado, de acuerdo con sus competencias, garantizar la protección de la vida, integridad personal y salud de todos los residentes en el territorio nacional, promoviendo la circulación de personas y vehículos, calidad de la infraestructura de la red vial, seguridad vehicular, libre movimiento, circulación y convivencia pacífica sobre las vías públicas.

Vale la pena resaltar los cambios más significativos dentro de los cuales resaltamos  los siguientes, a saber:

No Obligatoriedad del número de placa en cascos, para motociclistas y afines

En cuanto a las obligaciones de motociclistas, motociclos y mototriciclos, la ley dispone que el conductor y el acompañante deberán portar siempre el casco de seguridad, conforme a la reglamentación que sea expedida. En todo caso, aclara, no se podrá exigir que el casco contenga el número de placa correspondiente al del vehículo en que se moviliza.

Licencia de conducción digital en la Ley 2251 del 14 de julio, Ley Julián Esteban

Entre las características técnicas que deberán contener las licencias de conducción estará un código de barras bidimensional electrónico, magnético u óptico con datos del registro y un holograma de seguridad. Además de la entrega física, el conductor al que se le otorgue, renueve o recategorice su licencia podrá solicitar la expedición adicional del formato digital, que contendrá su dirección de domicilio y notificaciones.

Este documento tendrá los mismos efectos legales que la licencia física, deberá ser aceptado por los cuerpos de control y podrá ser presentado desde cualquier dispositivo tecnológico portátil. Así mismo, deberá guardar el registro de sanciones y demás anotaciones asociadas, permitiendo la identificación, autenticación y consulta al conductor y a las autoridades en el marco de sus competencias, sin costo alguno.

RUNT en la Ley 2251 del 14 de julio, Ley Julián Esteban

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) publicará anualmente, en su página web, un registro consolidado sobre los vehículos involucrados en siniestros de tránsito con resultado de muerte o lesión que contenga la marca, modelo y tipo de vehículo, así como la edad del parque automotor inscrito en el sistema. Se garantizará que esta información sea gratuita.

Límites de velocidad en la Ley 2251 del 14 de julio, Ley Julián Esteban

La velocidad para vehículos de servicio público o particular en vías urbanas y carreteras municipales en ningún caso podrá sobrepasar los 50 kilómetros por hora. La velocidad en zonas escolares y en zonas residenciales será hasta de 30 kilómetros por hora, mientras las patinetas y bicicletas eléctricas o a gasolina no podrán sobrepasar los 40 kilómetros por hora.

Por su parte, la velocidad para vehículos de servicio público o particular en las carreteras nacionales y departamentales en ningún caso podrá sobrepasar los 90 kilómetros por hora. Para el caso de vías doble calzada que no contengan dentro de su diseño pasos peatonales, la velocidad máxima será de 120 kilómetros por hora. Para el servicio público de carga, el límite de velocidad en ningún caso podrá exceder los 80 kilómetros. Será obligatoria la debida señalización de estas restricciones.

Daños materiales en la Ley 2251 del 14 de julio, Ley Julián Esteban

En todo accidente de tránsito donde solo se causen daños materiales en los que resulten afectados vehículos asegurados o no asegurados, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan lesiones personales, los conductores, aseguradoras y demás interesados recaudarán todas las pruebas del caso mediante el uso de herramientas técnicas y tecnológicas. Este material probatorio remplazará el informe de accidente de tránsito.

Sin reparo de que los vehículos involucrados estén asegurados o no, los conductores deben retirar inmediatamente los vehículos colisionados y todo elemento que pueda interrumpir el tránsito y, así mismo, acudir a los centros de conciliación debidamente autorizados.

“Si fracasa la conciliación, cualquiera de las partes puede acudir a los demás mecanismos de acceso a la justicia” 

Dentro de los principios de seguridad vial que serán observados está el sistema seguro, que tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas a las lesiones graves causadas por accidentes de tránsito y reconoce que se debería concebir para tolerar el error humano. La finalidad es poner fin a los accidentes mortales y reducir el número de lesiones graves.

Laura Ardila Bendek

Preguntas juridico@mundovideo.com.co

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Caninos de manejo especial, si tiene perro esta noticia le interesa 

No es obligatorio número de placa en cascos motociclistas

Estimados(as) lectores(as) si tiene perro o alguien allegado tiene mascota es importante tener en cuenta esta noticia. Si bien fue promulgado hace unos meses, a partir de Septiembre 14 2022 entró en vigencia el decreto 380 del 16 de marzo del 2022, que obliga a los propietarios de perros de raza potencialmente peligrosa a tener una poliza de Responsabilidad Civil extracontractual, entre otras obligaciones.

Desde el año 2016 se ha regulado el tema de la responsabilidad que le cabe al dueño o tenedor de algunos caninos que inicialmente se denominaron como de razas peligrosas y hoy se ha actualizado esta nominación por la de “caninos de manejo especial”* y a través del decreto 380 del pasado 16 de marzo del presente año, se aclaran las siguientes obligaciones:

1. El Art. 127 de Ley 1801 de 2016 señala que el gobierno reglamentara lo relacionado con la constitución de pólizas de Responsabilidad Civil extracontractual  que deberán adquirir los propietarios o tenedores de caninos de manejo especial, para amparar los daños y perjuicios que ocasione a las personas, a los bienes, a las vías y espacios públicos y al medio natural en general.

2. El valor mínimo asegurado es de 50 SMMLV y deberá mantener la vigencia durante la vida del animal.

3. Toda venta, traspaso o donación de canino de manejo especial deberá ser notificado a la alcaldía y a la compañía de seguros.

4. Los(as) propietarios(as) y/o tenedores(as), en un termino de 6 meses a partir de la vigencia de este decreto, deberán implantar un microchip con código numérico de identificación, a través de un veterinario certificado y tramitar la obtención de la póliza de Responsabilidad Civil.

Requisitos para el trámite:

1. Carta dirigida a la alcaldía local donde se solicite el registro del Canino en el Censo de ejemplares caninos potencialmente peligrosos donde se indique:

- Nombre del ejemplar canino.

- Identificación (Documento de Identidad- 1 fotocopia(s)) y lugar de ubicación de su propietario(a) o tenedor(a) responsable del perro.

- Una descripción que contemple las características fenotípicas del ejemplar que hagan posible su identificación. Relacionar el número del microchip implantado.

- El lugar habitual de residencia del animal con la especificación de si está destinado a convivir con los seres humanos o si será destinado a la guarda, protección u otra tarea específica.

- Carné de vacunación del ejemplar canino.

- Certificado de sanidad vigente, expedido por la Secretaría Distrital de Salud en sus distintas Subredes.

- Póliza de responsabilidad civil extracontractual, la que cubrirá la indemnización de los perjuicios patrimoniales que dichos ejemplares ocasionen a personas, bienes, o demás animales.

- 2 fotografías del propietario, tamaño 3×4.

- 2 fotografías del canino, tamaño 3×4.

2. Radicar los documentos en las Alcaldías Locales, para ello se debera allegar la solicitud de registro del perro potencialmente peligroso de manera presencial en los puntos indicados por la institución, de no hacerlo puede ser objeto de multa y en caso de siniestro acarreara problemas del tipo penal.

*Cuales son los Caninos de manejo especial

Son aquellos que hayan agredido a personas, que hayan causado la muerte a otros perros o que estén adiestrados para atacar o defender y razas como american staffordshire terrier, bullmastiff, doberman, dogo argentino, dogo de burdeos, fila brasilero, mastín napolitano, bull terrier, pitbull terrier, american pitbull terrier, presa canario, rottweiler, staffordshire terrier, tosa japonés, sus híbridos y/o cruces.

Laura Ardila Bendek

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Que horas extras NO se pagan? 

No es obligatorio número de placa en cascos motociclistas

Estimados(as) Las horas que excedan de la jornada máxima laboral o diaria, según haya sido pactado con el empleador, se tendrán como horas extra. Estas últimas no podrán superar las 2 horas diarias, lo cual supone que un trabajador no puede laborar más de 10 horas en 1 día. ( LEA AQUÍ HORAS EXTRAS SON OBLIGATORIAS TRABAJARLAS?)

Si bien el reconocimiento y pago de horas extra debe efectuarse conforme a las disposiciones legales, hay excepciones establecidas en la ley laboral. Entre estas mencionaríamos las siguientes:

Labores intermitentes o discontinuas

Este tipo de labores no está taxativamente definido en la ley. Encontrar ejemplos en la práctica es muy difícil, por lo que se trata de una zona gris.

Por ejemplo, si un colegio contrata a una persona para que haga la ruta de los estudiantes y el señor se demora más de lo habitual en el trayecto para el cual fue contratado, acabando a las 9 p. m., no podría cobrar horas extra, pues su labor se limita única y exclusivamente a realizar los recorridos.

Labores de simple vigilancia de quienes residan en el lugar de trabajo

La simple vigilancia consiste en labores de inspección acordadas con el empleador. Por ejemplo, se puede incluir dentro de estas labores el cuidado de un lote, de una hacienda, de una casa o cualquier lugar acordado para el ejercicio del contrato.

Por su parte, los recargos nocturnos son aquellos valores reconocidos al trabajador que labora en horas de la noche (desde las 9:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente; Ley 1846 de 2017) o en días que en términos generales no son laborables, como los domingos y festivos.

Labores de servicio doméstico

Los enfermeros y cuidadores se excluyen de esta categoría porque el servicio doméstico se entiende como un trabajo no calificado y estas personas tienen un trabajo calificado”

Para categorizar el servicio doméstico , se deben enmarcar en las actividades de mantenimiento de espacios y bienes privados, como casas, haciendas e incluso vehículos. Es decir, las personas que tienen labores de servicio doméstico tienen como empleadores a una familia.

Algunos ejemplos de estos oficios son los siguientes:

 

- Empleadas y empleados del servicio doméstico.

- Conductores de familia.

- Jardineros que presten el servicio donde la familia.


 

Laura Ardila Bendek

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Importancia de registrar su marca 

No es obligatorio número de placa en cascos motociclistas

Hoy abordaré un tema que no es muy conocído por los(as) operadores(as) de Juegos localizados y por las personas del comercio en general ya sea por desconocimiento o por que no le ven la importancia al momento, pero que es un verdadero tesoro al largo plazo.

La importancia del Registro marcario para la empresa

Cuando se desarrolla una marca esta es el diferencial de su producto en el basto mundo del comercio; es lo que distingue ya sea un bien o servicio de los demás que pudieran ser similares ofreciendo iguales caracterisiticas.

La marca es un activo tan valioso que muchas veces puede llegar a valer más que los activos tangibles, siendo valorada ( la marca ) por su penetración en el nicho de mercado donde se mueve, así como su recordación, algo así como Coca-Cola o Mundo Video Corp o cualquier otra marca que usted conozca.

La marca es muy diferente al Good will que ya les había explicado y que puede consultar aquí

Existe una confusión entre los términos Marca / Patente / Obra, que a continuación voy a resumir sus diferencias básicas:

1. Marca. Es la forma de identificar un producto, un servicio, una empresa, un profesional o cualquier otro elemento que interactúe con el mercado.

2. Obra. Este término se usa para designar aquellas creaciones literarias, artísticas o científicas. Se diferencia de una patente en que las obras son producto de la creatividad, con o sin base científica, mientras que las patentes se aplican sobre inventos o descubrimientos con base científica. A diferencia de lo que ocurría con las marcas y las patentes, las obras se registran en el Registro Propiedad Intelectual.

3. Patente. Una patente es la forma de asegurar la propiedad y los derechos de explotación sobre una tecnología o sobre un producto innovador que haya desarrollado la empresa o un profesional de forma independiente.

Es importante destacar otras diferencias esenciales entre una marca y una obra, ya que a veces se suelen confundir los derechos asociados a ellas:

1. Cuando una empresa o persona registra una marca, es propietaria de ella durante diez años (es posible renovarla pagando de nuevo), mientras que al registrar una obra se es propietario de ella para toda la vida.

2. Registrar una marca y registrar una obra implican un desembolso de dinero, pero en general suelen ser más costosas las marcas.

3. Si se registra un nombre comercial asociado a una marca, un tercero podrá emplear el mismo nombre comercial siempre y cuando no se encuentre en el mismo sector del mercado.

En cambio, aunque existen obras que pueden tener el mismo título, si su contenido coincide en un porcentaje amplio podrá denunciarse como plagio la obra que ha sido elaborada en segundo lugar.

4. Una persona es propietaria de los derechos de autor de sus obras desde el mismo momento en que las crea; el Registro Propiedad Intelectual solo actúa como prueba documental de que es así.

Si usted tiene una marca pero no la registra y otra empresa la registra y empieza a usarla, quien deberá renunciar a ella será usted”

Laura Ardila Bendek

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Inspección Contable por parte de la DIAN aplica también para empresas operadoras de Juegos de Suerte y Azar 

No es obligatorio número de placa en cascos motociclistas

Apreciados(as) lectores(as), la inspección contable que realiza la DIAN, no es una simple solicitud de exhibición de los libros oficiales de comercio, sino que tiene por finalidad verificar la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravados o no y determinar si la contabilidad se lleva en debida forma en cumplimiento de las obligaciones formales establecidas en el artículo 774 Estatuto Tributario.

La administración podrá ordenar la práctica de la inspección contable a cualquier tipo de sociedad, entre esas a las empresas operadores de juegos de suerte y azar, y tanto al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad, de esta diligencia se extenderá un acta, de la cual se deberá entregar al contribuyente una copia cerrada y suscrita por los funcionarios y las partes intervinientes.

Las conductas sancionables en estas inspecciones se darán en los siguientes eventos de conformidad con el artículo 654 del E. T.:

(i) No llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos.

(ii) No tener registrados los libros principales de contabilidad si hubiere obligación a ello.

(iii) No exhibir los libros de contabilidad cuando las autoridades lo exigieren, recuerde señor operador (a), que Coljuegos como Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, también puede solicitar la exhibición de libros contables cuando realice visita de control (LEA AQUÍ QUE HACER SI LO VISITA COLJUEGOS POR AUDITORIA EN SU OFICINA O SEDE ADMINISTRATÍVA)

(iv) Llevar doble contabilidad.

(v) No llevar los libros de contabilidad en forma que permita verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones.

(vi) Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros y el último día del mes anterior a aquél en el cual se solicita su exhibición existan más de cuatro meses de atraso.

Si se configura la infracción prevista en el literal e) del artículo 654 del Estatuto Tributario, “irregularidad en los libros contables”, la  sanción por anomalías en la contabilidad será del medio por ciento (0.5%) del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder de 20.000 UVT (Art. 655 ET), estamos hablando de una sanción máxima por $637.180.000, por no llevar en debida forma los libros contables de la sociedad.

“Recuerde señor(a) operador(a), que el hurto de los libros no justifica las irregularidades advertidas en una inspección contable, pues la sociedad debe realizar la reconstrucción de los libros”

 

así sea basadas en copias, tal y como lo dispone el artículo 135 del Decreto 2649 de 1993.

Finalmente, tenga en cuenta que esta inspección debe ser realizada bajo la responsabilidad de un contador público, so pena de la nulidad de la diligencia, cuando un funcionario de la DIAN este realizando este tipo de actuaciones a su empresa, certifique que sea un contador publico, no se deje enredar.

CE Sección Cuarta, Sentencia 05001233100020070014901 (20551), 20/01/17

  

Laura Ardila Bendek

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Expropiación definición y alcances 

No es obligatorio número de placa en cascos motociclistas

Estimados(as) lectores(as) La expropiación es una figura que permite al estado privar a una persona natural o jurídica de la titularidad de una propiedad, bien o derecho, pagando por ello una indemnización. podrá haber expropiación mediante sentencia judicial o acto administrativo e indemnización previa que se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.

La expropiación no es una compraventa, donde el estado compra y el particular vende (que es lo que normalmente sucede), sino una acción judicial en la que se decreta la privación de la titularidad del derecho en cuestión. La expropiación es forzosa, ya que el titular del derecho expropiado no puede oponerse a ella.

El proceso de expropiación en Colombia se lleva ante la jurisdicción civil; es decir, se interpone una demanda de expropiación que debe reunir los requisitos de toda demanda, pero se debe anexar la resolución que decreta la expropiación, certificado de libertad y tradición del bien a expropiar.

Es decir, previamente se debe proferir un acto administrativo que decreta la expropiación, que debe estar motivado o justificado, y con él se inicia el proceso de expropiación ante un juez civil.

La Corte Constitucional en su sentencia C-358 del 14 de agosto de 1996 se refirió a la expropiación de la siguiente manera:

«La expropiación implica el ejercicio de una potestad, de la cual es titular el Estado Social de Derecho, que le permite, con el cumplimiento de los requisitos constitucionales, quitar la propiedad individual sobre un determinado bien del beneficio del interés colectivo.  De conformidad con los preceptos fundamentales, la expropiación común u ordinaria solo se aplica si el legislador, por vía general, ha señalado los motivos de utilidad pública o de interés social; si se ha adelantado un proceso judicial; si se ha pagado previamente la justa indemnización a la que tiene derecho el afectado.»

Entonces, el objetivo de este proceso es cumplir con la finalidad del principio de primacía del interés general sobre el particular, el cual se encuentra consagrado en la Constitución Política.

Por último, el Estado como bien lo dice la constitución Política en su artículo 58 mencionado anteriormente, debe indemnizar previamente a las personas afectadas por la expropiación, y por supuesto pagar el precio del bien expropiado.

Para la expropiación en Colombia se requiere de una ley y/o de un acto administrativo que declare los bienes a expropiar como de utilidad pública y de interés social. Sin ellos nos se puede iniciar un proceso de expropiación.

Al respecto, el Consejo de estado, en sentencia 25000-23-24-000-2006-01002-01 de 11 de diciembre de 2015 enumera los siguientes principios que deben guiar la expropiación.

- Todo procedimiento expropiatorio debe respetar el principio de legalidad como expresión democrática del Estado Social de Derecho.

- No puede haber actos exentos de control judicial; se proscribe la inexistencia de controles judiciales respecto de las actuaciones resultantes del ejercicio del poder público en materia expropiatoria.

- Los actos que declaran los motivos de utilidad pública o de interés social crean una situación jurídica particular y concreta; producen efectos jurídicos inmediatos y directos respecto del administrado.

- La revisión judicial de los motivos de utilidad pública o de interés social se puede hacer vía judicial a través del ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

- La acción especial contencioso – administrativa también procede contra el acto administrativo que decide la expropiación con el fin de “obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido”, al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.

De lo anterior se desprende que la expropiación no puede ser caprichosa, y debe respetar el debido proceso, y si bien el expropiado no se puede resistir a la expropiación, sí puede recurrir a la justicia para controvertir las motivaciones que condujeron a la expropiación.

Existe también la expropiación administrativa que es la más común es la administrativa que se rige según la ley 388 de 1997, en especial los artículos 66 y 667.

La expropiación administrativa procede sólo si se cumplen los siguientes requisitos:

- Que se presenten motivos de utilidad pública o interés social específicos que autorizan este tipo de expropiación.

- Que existan las condiciones de urgencia taxativamente mencionadas en la ley.

La expropiación sólo es posible si su finalidad corresponde a uno de los siguientes eventos señalados en el artículo 58 de la ley 388 de 1997, por remisión del artículo 63 de la misma ley:

- Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de la salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana.

- Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo.

- Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos.

- Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliarios.

- Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo;

- h) Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y local, incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico.

- Constitución de zonas de reserva para la expansión futura de las ciudades;

- j) Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos hídricos.

- k) Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley;

- l) Ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y renovación urbana a través de la modalidad de unidades de actuación, mediante los instrumentos de reajuste de tierras, integración inmobiliaria, cooperación o los demás sistemas previstos en esta ley.

- El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes.

La expropiación administrativa requiere de tres pasos:

1. Una oferta de compra. La entidad administrativa debe hacer una oferta de compra al propietario que se incluye en el acto administrativo respectivo, que será el valor comercial determinado por e Instituto Agustín Codazzi o un perito inscrito en la lonja.

2. Negociación. Se busca llegar a un acuerdo de venta voluntario para lo cual se negocia el precio y la forma de pago.

3. El proceso de expropiación definitivo. Si fracasan las dos primeras etapas, la entidad correspondiente profiere un acto administrativo en el que de declara la expropiación, fijando el monto de la indemnización a pagar y la forma de pago.

Es de anotar que los actos administrativos pueden ser demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa, en especial si hay inconformidad con el monto de la indemnización, pero SI se puede hacerlo.

Laura Ardila Bendek

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