Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).

En un operativo realizado en noviembre de 2024, las autoridades colombianas desmantelaron una banda dedicada al chance ilegal en el norte del Valle del Cauca, que ofrecía premios de hasta 600 millones de pesos.

A pesar del éxito inicial del procedimiento, el caso dio un giro inesperado cuando uno de los capturados fue liberado debido a un error procesal atribuido a la participación indebida de funcionarios de Coljuegos durante el operativo. Este hecho ha generado controversia y cuestionamientos sobre los límites de las competencias de la entidad reguladora.

Según el reporte oficial, durante los allanamientos estuvieron presentes empleados de Coljuegos, entidad encargada de supervisar y regular las actividades de juegos de suerte y azar en Colombia.

Sin embargo, su participación directa en operativos policiales está fuera de sus funciones legales. Esta intervención fue considerada por el juez como una violación al debido proceso, establecido en el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), lo que llevó a que la captura fuera declarada ilegal y el detenido quedara en libertad.

La legislación colombiana exige que los procedimientos judiciales sean realizados exclusivamente por autoridades competentes, como la Policía Judicial y la Fiscalía.

La intervención de Coljuegos, aunque pudo haber tenido una intención colaborativa, resultó contraproducente al comprometer la legalidad del procedimiento.

El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié como responsable de la entidad , ha enfrentado críticas por este incidente. Expertos legales subrayan que Coljuegos debe limitar su papel a la supervisión y regulación, dejando las acciones judiciales y operativas en manos de las autoridades competentes. Además, este caso pone de manifiesto la necesidad de capacitar a los funcionarios en el cumplimiento estricto de los protocolos legales para evitar futuros errores que beneficien a los infractores.

El caso también destaca un problema mayor: la incapacidad para combatir eficazmente el chance ilegal, que representa una pérdida significativa de ingresos para el Estado.

Según estimaciones de Coljuegos, el chance ilegal mueve cerca de 2 billones de pesos anuales, de los cuales una parte considerable podría destinarse al sistema de salud si se regularan adecuadamente las operaciones.

Así las cosas este escándalo subraya la importancia de respetar el marco legal en todas las actuaciones contra el juego ilegal. Aunque Coljuegos juega un papel crucial en la regulación, su intervención directa en procedimientos judiciales no solo excede sus competencias, sino que también compromete los objetivos de combatir eficazmente las redes ilegales.

Laura Ardila Bendek

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