Ejercicio Ilícito monopolio rentístico. Estimados(as) lectores(as) nos escribe la señora Marina Suarez y nos pregunta (transcripción literal del chat, con sus errores gramaticales ) :
“buenos dias , quisiera saber si me pueden colaborar , con informacion, coljuegos me impuso una multa inpagable para mi estado economico , ya que encontro en una tiendita que yo tenia 4 maquinas tragamonedas , (que un operador con engaños me dejo a porcetange . ) y coljuegos me daño la vida crediticia y embargo cuentas que estavan en ceros , pero los bancos ya no me prestan dinero debido a la deuda que tengo , eso fue hace 6 años , ¿QUISIERA SABER SI ESO PRESCIBE Y SI ME PUEDEN AYUDAR POR FAVOR ?” Conversation started on : Thursday, June 10, 2021, at 08:54 (GMT+0)
Aquí el análisis de la situación:
El delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, contenido en el artículo 312 del Código Penal, aunque poco conocido en la práctica penal, reviste de especial importancia para el Estado, el sector salud, los grupos de federaciones legales de juegos de suerte y azar, y para cualquier ciudadano en general.
El interés de este breve estudio dogmático y teórico estriba en la importancia de disipar posturas con la que distintos despachos de fiscalías han vacilado en interpretar y desplegar la acción penal respecto del tipo penal objeto de estudio.
En sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, del 23 de diciembre de 2013, se estudió un caso donde se imputó el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico a una ciudadana que llevaba consigo dos talonarios en papel periódico relacionados con la venta de chance ilegal junto con 139.400 pesos en efectivo, al parecer, producto de la referida venta.(ATENCION QUE MAS ADELANTE SE HABLA DE MET´s)
Los problemas jurídicos abordados por el tribunal fueron, a saber:
(i) según la descripción típica del artículo 312 de la Ley 599 del 2000, ¿quién incurre en la conducta punible de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico?
(ii) ¿la ejecución de los juegos de suerte y azar hace parte del monopolio de arbitrio rentístico?
Respecto de quién incurre en este tipo penal, la sentencia refiere que el delito es claro y una interpretación exegética provee la respuesta, aclarando que la misma Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, mediante providencia del 19 de octubre del 2011, con ponencia de María del Rosario González, señaló que la conducta se puede realizar de dos maneras: la primera, cuando el agente ejerza una actividad establecida como monopolio de arbitrio rentístico sin la respectiva autorización, y la segunda, cuando el agente utiliza elementos o modalidades de juego no oficiales[i].
En segundo lugar, sobre el particular de si se afecta el bien jurídico tutelado con la puesta en ejecución de juegos de azar ilegales y si la ejecución de los mismos hace parte del monopolio de arbitrio rentístico, se precisó, en primer lugar, que por disposición constitucional el régimen económico en Colombia se caracteriza por la libertad de empresa y la iniciativa privada, de conformidad con el artículo 333 superior.
Sin embargo, algunas leyes imponen restricción a ciertas actividades con la finalidad de buscar el interés público, limitación que tiene su sustento en el artículo 336 superior y es conocida como monopolio de arbitrio rentístico. Como desarrollo de ella, el Estado se reserva el control del monopolio de suerte y azar y se determina que las rentas percibidas en razón de tal actividad tendrán una destinación específica: el sector salud, postura que fue recogida por la Sala de Casación Penal en Sentencia 26806 del 1º de Abril de 2009, con ponencia de Julio Enrique Socha.
En esta sentencia, se traen algunos apartes de la exposición de motivos de la ley que regula el monopolio de los juegos de suerte y azar, ceñidos al proyecto presentado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público del momento, Juan Camilo Restrepo (P. L. 35/99 Cámara), señalando que: "en primer lugar, el juego de suerte y azar debe arrojar ingresos fiscales, como lo sugiere el nombre mismo de la institución del ‘monopolio rentístico’ y, en segundo lugar, el ofrecimiento del juego debe ser consistente con el interés público o social…”. Agrega que el juego se regula por un régimen legal y reglamentario particular con el fin de mantener controlada su explotación y uso, asegurar la idoneidad económica y social de los oferentes de los juegos, así como limitar la propagación.
Dudas en despachos
Como se comentó ut supra, la abordada postura encuentra vacilaciones en distintos despachos de fiscalías del territorio nacional, en donde algunos funcionarios consideran que, al operar juegos de azar de manera ilegal (no tener el permiso o contrato de la entidad estatal que los otorga), no se afecta al bien jurídico cuando, por ejemplo, el número de máquinas electrónicas tragamonedas (mets) no es superior a cinco, al igual que si se tratara de un número similar de talonarios de loterías, o si ofrecen al público apuestas deportivas en línea. Esta posición, en mi opinión, amerita un estudio de mayor profundidad sobre el tipo penal.
El estudio del delito contenido en el artículo 312 del Código Penal implica identificar los elementos objetivos constitutivos del tipo penal. Como se desprende de su lectura, este es un delito de sujeto activo indeterminado, toda vez que no se requiere una calidad o condición especial en el sujeto o agente que despliega la conducta criminal -salvo por la circunstancia de agravación punitiva que prevé el despliegue de la conducta por dos clases de sujetos activos-.
Por su parte, tendrá la calidad de sujeto pasivo de la conducta quien asuma la administración del monopolio rentístico. Concretamente, para los eventos de juegos de azar, es claro que actualmente Coljuegos, como empresa industrial y comercial del Estado administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, ostenta tal calidad para la mayoría de los procesos.
En lo que respecta al bien jurídico tutelado, se tiene que este corresponde al orden económico y social. Con ello, se pretende la protección del Tesoro Público, las rentas del erario y los recursos que este capta que pueden verse disminuidos con la ocurrencia de la conducta, además de garantizar que la colectividad en su conjunto no deje de percibir los beneficios que reporta la captación de ingresos con destino a los servicios de salud, entre otros. En atención a otro de los elementos objetivos de este delito, concretamente al verbo rector del tipo penal en referencia, se tiene que este es “ejercer”. La conducta ilícita aquí sancionada por el legislador se configura de dos maneras:
- Y, por el otro, haciendo uso de elementos o modalidades de juego no autorizadas.
Sobre el elemento subjetivo del tipo, se ha de partir de lo precisado en el artículo 21 del Código Penal, en virtud del cual las modalidades de la conducta punible se circunscriben al escenario del dolo, la culpa y la preterintención, presentándose estas dos últimas como punibles únicamente en los casos expresamente señalados por la ley.
En consecuencia, se entenderá que por regla general se requerirá del agente el conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción penal y la intención o voluntad de su realización (dolo).
Atendiendo a que la conducta criminal descrita en el artículo 312 del Código Penal no especifica modalidad especial alguna para su consumación, se entiende que la misma se configura únicamente bajo la modalidad dolosa.
Además del análisis sobre los elementos constitutivos del tipo penal, se tiene que este delito se caracteriza por ser un tipo penal en blanco, abierto, de ejecución continuada y de mera actividad. Se trata de un tipo penal en blanco, toda vez que, en términos de la Corte Suprema de Justicia, hay que remitirse de manera menesterosa a otro ordenamiento con la finalidad de definir y concretar la conducta que se sanciona. Cabe aclarar que, desde el derogado Código de 1980 (artículo 241ª), se está ante un tipo penal de aquellos conocidos como “en blanco”.
Tipo abierto
La expresión comprendida en el artículo 312 que refiere: “de cualquier manera o valiéndose de cualquier medio” implica que se está frente a un tipo penal abierto, en tanto que no se precisa una determinada forma de ejecución. La Sala de Casación Penal ha reconocido que se trata de un delito que se configura con la simple ejecución, sin permiso de autoridad competente, de cualquier clase de juego de suerte y azar.
Del aserto anterior se concluye que dentro del tipo penal se incluyen todos los juegos de suerte y azar, esto es, tanto los permitidos como los prohibidos, de tal manera que se restringe el actuar libre de los particulares y, en efecto, siempre deberán someterse al trámite de la autorización o permiso por parte del Estado para poder ejercer las actividades monopolísticas, sin importar el número de mets, por ejemplo, o si se trata de apuestas deportivas en línea.
En otras palabras, el delito por ser abierto se perfecciona cuando el sujeto activo realiza la acción proscrita en la norma penal, lo que según el texto analizado consiste en efectuar una actividad económica en donde el Estado, por disposición legal, tenga el monopolio con una finalidad social.
Además, se trata de un tipo penal de ejecución continuada. Sobre la referida característica, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de marzo del 2007, con radicado 24340, enfatizó que este delito tiene la particularidad de ser uno de aquellos llamados de “ejecución permanente”, toda vez que esta conducta:
“comienza a ejecutarse cuando el sujeto inicia el ejercicio de una actividad establecida como monopolio de arbitrio rentístico, sin la respectiva autorización, permiso o contrato, o utiliza elementos o modalidades de juego no oficiales, y se prolonga durante todo el tiempo en que se mantenga esa actividad al margen de la ley”.
Por último, la conducta punible previamente descrita ha sido calificada por la jurisprudencia como un delito de mera actividad, mediante el cual el sujeto activo de la conducta ejecuta una acción prohibida por la norma, esto es, “… al efectuar una actividad económica respecto de la cual el Estado por ministerio de la ley tiene su monopolio, establecido con fines de interés público o social, cualquiera que sea el medio al cual acuda o del que se valga para alcanzarlo”[ii].
Es decir, el delito se consuma con el simple ejercicio de actividad monopolística de arbitrio rentístico sin la debida autorización, o mediante el uso de elementos o modalidades de juego no autorizados, objetivamente hablando, sin importar el número de mets o si se trata de una de las hoy conocidas apuestas deportivas en línea.
En conclusión, se lesiona el interés jurídico que protege el Estado y, por ende, se afecta el dinero destinado a la salud de los colombianos, así sea con la explotación ilegal de una sola máquina.
Se podría decir coloquialmente que no existe una dosis mínima de explotación ilegal de los juegos de suerte y azar, así entendido por el legislador con este tipo penal.
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[i] CSJ, S. Penal, Rad. 36229, oct. 19/11, M. P. María del Socorro González Muñoz.
[ii] CSJ, S. Penal, Rad. 15793, oct. 8/01, M. P. Édgar Lombana Trujillo.
Escrito de Juan Diego Melo
Laura Ardila Bendek
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Apreciados(as) lectores(as), sabemos las dificultades que todas las empresas tienen cada día con los trabajadores que sufren incapacidades. El auxilio por incapacidad se define como el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la misma que hacen las entidades promotoras de salud (EPS) a sus afiliados cotizantes no pensionados por todo el tiempo que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual.
Muchas veces por desconocimiento se terminan pagando días que no están a cargo del(la) empleador(a) o no se sabe que hay hasta tres años para exigirlas
Las incapacidades se clasifican de dos maneras:
- De origen común
- De origen laboral,
Cuando el origen de la incapacidad es laboral, la ARL (Administradora de Riesgos Laborales) a la cual esté afiliado el(la) trabajador(a) es quien paga el salario del(la) empleado(a) desde el día siguiente al accidente laboral.
El tiempo por el cual el(la) trabajador(a) recibirá este subsidio y el monto del subsidio dependerán de la gravedad del daño sufrido por el(la) empleado(a), pero en ningún momento debe ser asumido por la empresa.
En caso de que la incapacidad sea de origen común u ordinario, es necesario saber que la empresa debe pagar el salario de los dos primeros días de incapacidad, pero desde el tercero la EPS a la que se encuentra afiliado el(la) trabajador(a) es la responsable de pagarle al(la) empleado(a) su salario, hasta el día 180.
Si la incapacidad supera los 180 días calendario, la responsabilidad de pagarle al(la) trabajador(a) pasa a ser del Fondo de Pensiones al cual esté afiliado, hasta el día 540.
Desde el día 541 en adelante, a el(la) trabajador(a) solo se le pagará en caso de que haya sido demostrada una pérdida de capacidad laboral superior al 50%.
Tanto el(la) empleador(a) como el(la) trabajador(a) deben tener en cuenta que las obligaciones de la EPS, del Fondo de Pensiones o de la ARL pueden ser exigidas en cualquier momento desde su ocurrencia hasta el vencimiento del plazo que tienen una vigencia de 3 años contados desde el momento en que se determina la incapacidad; el artículo 121 del Decreto Ley 019 del 2012 dispone que será el empleador quien adelantará de manera directa ante las EPS los trámites para el reconocimiento de las incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad, siendo la única obligación del trabajador reportar la ocurrencia de cualquiera de aquellas.
Laura Ardila Bendek
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Policía Nacional. Ya no es necesario reportar la pérdida de los documentos de identidad en la página web de la Policía Nacional.
¿Qué se debe hacer en caso de pérdida de documentos como: cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, libreta militar, licencia de conducción, pasaporte, facturas, recibos y otros?
Solamente deberá el(la) afectado(a) acercarse a la entidad correspondiente y solicitar el duplicado (esto puede tener algún costo dependiendo de la entidad). Y en ningún caso le deberán exigir copia de denuncia o constancia por pérdida
Para el caso de la cédula de ciudadanía hay tres formas de obtener el duplicado:
1. Trámite en línea: modalidad web con pago electrónico (PSE).
2. Trámite presencial: modalidad de duplicado web asistido en oficina.
3. Trámite presencial: modalidad de captura de datos.
Con cualquiera de estas opciones se deberán pagar $46.050, aunque con la actual opción de cédula digital el valor es de $ 55.750.
Características nueva cédula digital
Esta cédula se podrá obtener, de acuerdo con la Registraduría, desde la primera semana de diciembre del 2022, y los(as) ciudadanos(as) podrán agendar cita en las registradurías del país habilitadas para la expedición de este documento de identidad. Cabe recordar que este documento será obligatorio a partir del segundo trimestre de 2023.
Como era el procedimiento anteriormente
Cuando un(a) ciudadano(a) extravia un documento por pérdida o robo, el trámite obligado era ingresar a la página oficial de la Policía Nacional y llenar un formulario en el que se suministraban datos personales, datos de los documentos perdidos y las circunstancias en las que se perdieron. Acto seguido, la página generaba un paz y salvo que se debía presentar en las entidades respectivas para solicitar el duplicado del documento.
Laura Ardila Bendek
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El alquiler y el arrendamiento son dos conceptos que se refieren a la relación entre un propietario de un bien (por lo general, una propiedad inmobiliaria) y una persona que desea utilizar ese bien a cambio de un pago.
Sin embargo, existen algunas diferencias clave entre el alquiler y el arrendamiento.
Alquiler
El alquiler se refiere a una situación en la que una persona paga a otra persona por el uso temporal de un bien. Por ejemplo, si alquila una casa o un apartamento, estará pagando a la persona que es dueña de esa propiedad por el derecho a vivir allí por un cierto período de tiempo.
Al final del período de alquiler, el inquilino debe dejar de utilizar el bien y devolvérselo al propietario.
¿Depósito en dinero para arrendamiento de predio es legal?
Arrendamiento
El arrendamiento se refiere a una situación en la que una persona paga a otra persona por el uso a largo plazo de un bien. Por ejemplo, si arrenda una tienda comercial, estará pagando al propietario de esa propiedad por el derecho a utilizarla como lugar de negocio durante un período de tiempo prolongado, como un año o más.
Al final del arrendamiento, el arrendatario puede optar por renovar el contrato o dejar de utilizar el bien.
Resumen, la principal diferencia entre el alquiler y el arrendamiento es la duración del período de uso del bien. El alquiler suele ser a corto plazo, mientras que el arrendamiento es a largo plazo.
Laura Ardila Bendek
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No renovación Cámara de Comercio. Estimados(as) Lectores(as) me preguntan de cuales son las consecuencias de No renovar la cámara de Comercio, una de ellas es que la Supersociedades puede ordenar la liquidación de la sociedad. Primero debemos entender la definición de Cámara de Comercio: Las cámaras de comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, creadas por el Gobierno Nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de operar. Dichas entidades serán representadas por sus respectivos presidentes.
La Superintendencia de Sociedades, a través del Oficio 220-093666, precisa que, tanto la Ley 1955 de 1995 como el decreto que lo reglamenta, consagran que se encuentra a cargo de esta corporación realizar la declaración de insolvencia de aquellas sociedades, que estén sujetas a su supervisión, o las citadas en el “ARTÍCULO 2.2.2.1.4.1. Competencia para declarar la disolución de las sociedades no operativas. Las sociedades no sujetas a la supervisión de un ente especializado, que no estén en un proceso de insolvencia de que trata la Ley 1116 de 2006 y que se encuentren en cualquiera de los supuestos mencionados en el artículo 144 de la Ley 1955 de 2019, podrán ser declaradas disueltas por la Superintendencia de Sociedades, con base en las facultades señaladas en el numeral 7 del artículo 218 del Código de Comercio o las normas que lo modifiquen, aclaren o complementen. Para el ejercicio de esta facultad discrecional, la Superintendencia de Sociedades podrá tomar en consideración aspectos como: i) un enfoque basado en riesgos, ii) su política de supervisión, iii) un plan de trabajo escalonado y, iv) las capacidades técnicas y operativas disponibles”
Esto significa estimados(as) lectores(as) que si una sociedad no ha cumplido con el envío de la información requerida en el termino de 3 años consecutivos, se presumirán como sociedades no operativas, es por ello que, podrán ser declaradas de oficio como disueltas.
Para la aplicación de la presunción de inoperatividad por la ausencia de renovación de la matrícula mercantil por tres (3) años consecutivos, bastará con la verificación en la base de datos elaborada por la Cámara de Comercio correspondiente
En este documento el OFICIO 220-093666 del 15 de Julio de 2021 , se explica cual es el procedimiento que surte la super para liquidar una empresa
Laura Ardila Bendek
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Estimados(as) lectores(as), en los negocios puede presentarse que las empresas busquen más que competir, el compartir oportunidades de negocio en donde bien pudiera una ser fuerte en un sector y la otra en un producto o servicio. Lo que significa que si la empresa (vamos a llamarla A) y la empresa B pasan por un proceso de fusión, resultarán en la empresa C, que es diferente de las otras dos.
Es precisamente lo anterior lo que diferencia este proceso de una incorporación.
En la incorporación, una empresa deja de existir, pero la otra se mantiene – solo que ahora de forma expandida.
De esa forma, la fusión significa un proceso de cambio para todas las partes involucradas, generando una empresa que mantiene las obligaciones y responsabilidades de sus originarias, pero que no sigue necesariamente los mismos procesos de una u otra.
La escritura de constitución de una fusión, para materializar el acto, debe contener lo siguiente según el artículo 177 del código de comercio:
- El permiso para la fusión en los casos exigidos por las normas sobre prácticas comerciales restrictivas.
- Tratándose de sociedades vigiladas, la aprobación oficial del avalúo de los bienes en especie que haya de recibir la absorbente o la nueva sociedad.
- Copias de las actas en que conste la aprobación del acuerdo.
- Si fuere el caso, el permiso de la Superintendencia para colocar las acciones o determinar las cuotas sociales que correspondan a cada socio o accionista de las sociedades absorbidas.
- Los balances generales de las sociedades fusionadas y el consolidado de la absorbente o de la nueva sociedad.
Lo anterior da vida jurídica a la nueva sociedad si ese fuere el caso, o hace oficial la absorción de las otras sociedades por parte de la sociedad absorbente si ese fuera el caso.
Una vez sucede la fusión, la nueva sociedad o la sociedad absorbente adquiere los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades disueltas y absorbidas, según lo señala el artículo 178 del código de comercio:
“En virtud del acuerdo de fusión, una vez formalizado, la sociedad absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas, y se hace cargo de pagar el pasivo interno y externo de las mismas. La tradición de los inmuebles se hará por la misma escritura de fusión o por escritura separada, registrada conforme a la ley. La entrega de los bienes muebles se hará por inventario y se cumplirán las solemnidades que la ley exija para su validez o para que surtan efectos contra terceros”
El representante legal de la sociedad resultante de la fusión asume la representación de las sociedades disueltas hasta la total ejecución de las bases de la operación, con las responsabilidades propias de un liquidador, conforme lo señala el artículo 179 del código de comercio.
Laura Ardila Bendek
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