“Para eso tenemos un oficial de cumplimiento”.
Esta expresión, frecuente en algunas organizaciones, puede revelar un desconocimiento del alcance de las responsabilidades que la legislación colombiana atribuye a sus administradores.
La designación de un oficial de cumplimiento permite distribuir funciones especializadas dentro de una empresa, pero no sustituye los deberes de dirección, supervisión y control que corresponden a sus órganos de administración.

Los artículos 22 y 23 de la Ley 222 de 1995 establecen que los administradores deben actuar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias.
Para los operadores concesionados por Coljuegos, esta responsabilidad tiene un desarrollo normativo específico.
Mientras el artículo 15 de la Resolución 20195100044514 de 2019 establece las funciones del oficial de cumplimiento, el artículo 13 asigna a la junta directiva, o a quien haga sus veces, la aprobación de políticas, la asignación de recursos y el seguimiento a los informes y recomendaciones, dejando constancia de sus actuaciones en las actas correspondientes.
Existe, por tanto, una diferencia entre las funciones del oficial de cumplimiento y las responsabilidades de quienes administran la organización.
Supongamos que un oficial informa sobre deficiencias en los procedimientos de conocimiento del cliente y solicita recursos tecnológicos para corregirlas. Si la administración conoce el informe, pero omite adoptar medidas razonables, la responsabilidad por esa inacción deberá analizarse separadamente de la gestión del oficial.

Aquí adquiere especial importancia el artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, según el cual los administradores responden solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que ocasionen mediante actuaciones dolosas o culposas. La norma contempla, además, la presunción de culpa en determinados incumplimientos legales o funcionales.
Esto significa que una omisión administrativa puede llegar a comprometer el patrimonio personal del administrador, incluso el de los suplentes que ejercen dichas funciones, cuando concurran los presupuestos legales de responsabilidad.

De ahí la importancia de documentar las decisiones, asignar responsables, establecer plazos y verificar que las medidas correctivas realmente se ejecuten. Un sistema de prevención eficaz requiere la participación de toda la organización.
Mantenerse actualizado también forma parte de una administración diligente, especialmente frente a iniciativas como el proyecto de transición hacia el SARLAFT. En este contexto adquieren relevancia espacios académicos como el X Encuentro Nacional de Cumplimiento de CORNAZAR y ASOJUL, que tendrá lugar la próxima semana en Bogotá.
Ante un requerimiento de la autoridad, las actas, los informes y las evidencias de seguimiento pueden resultar determinantes para acreditar la diligencia del administrador.
No se trata de demostrar únicamente que alguien estaba encargado del cumplimiento, sino que la administración cumplió con las responsabilidades que le correspondían, y esto lo puede salvar de problemas MUY INCÓMODOS -por así decirlo-
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