Policías involucrados
El ataque sufrido por el Casino Royale de Monterrey provocó algo más que la pérdida de 53 vidas humanas y la captura de una célula perteneciente a ‘Los Zetas’. El operativo de investigación del atentado produjo el cierre de otras salas de juego, promovió manifestaciones populares, involucró a figuras relacionadas a los mandatarios, e implicó en el caso a un policía federal, dando comienzo, además, a un procedimiento de recorte de uniformados , luego de que se detuviera al policía estatal Miguel Ángel Barraza Escamilla, por haberse confesado como partícipe de los hechos cumpliendo la función de chofer y ‘halconeo’ y proporcionando información a los agresores del casino de Monterrey al momento del ataque. El procurador de Nuevo León afirmó que además del uniformado estatal, otros pudieron vigilar mientras el comando incendiaba el casino, “Tenemos otros sujetos identificados en este evento y vamos a seguir las investigaciones. Estimamos que pudiera haber seis o más implicados. Sean elementos de la Policía Federal, estatal o municipal, caiga quien caiga, la instrucción es dar hasta las últimas consecuencias con los responsables”, dijo Adrián de la Garza Santos.
Manifestación social
Por otra parte, los hechos ocurridos ocasionaron un descontento social tal que produjeron protestas en el transcurso de una semana. Entre ellas tuvo lugar el pasado lunes, alrededor de cuatro mil personas expresaron su repudio al incendio en el casino Royale, y exigieron la salida del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
Hallan tres mil 500 máquinas de contrabando en casinos de NL
Como resultado del operativo a diversos casinos en Nuevo León, autoridades federales reportaron la detención de tres personas, a quienes se les aseguraron tres armas de fuego, y el embargo de más de tres mil 500 máquinas de juego y apuestas que presentaron irregularidades en su internación al país. El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, explicó en conferencia de prensa que este operativo coordinado, que se había planeado con 10 días de anticipación. Durante estas acciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de cinco mil máquinas de juego y de apuestas en el estado de Nuevo León.
Extorsión a casinos involucra a políticos
La investigación del ataque ha incluido revelaciones que vinculan a políticos con la extorsión a esos centros y salpican a miembros del gobernante Partido Acción Nacional (PAN). El ataque, según las investigaciones judiciales, se produjo por la negativa del propietario a pagar una cuota que le exigía el cartel de Los Zetas a cambio de protección. El dueño del casino, Raúl Rocha, reveló que huyó de México porque teme por su vida y dijo que está dispuesto a presentarse a declarar “cuando las autoridades me garanticen que mi vida no corre peligro”. El incendio al casino desató denuncias sobre las extorsiones a esos centros y llevó a la detención de Jonás Larrazábal, hermano del alcalde de Monterrey e impulsor de la campaña para que el actual secretario de hacienda, Ernesto Cordero, sea el candidato presidencial del PAN (conservador) en el 2012.
Gobernación , llave de los Casinos
Si bien es cierto que magistrados de lo Contencioso Administrativo y jueces de distrito son el amparo de los casinos, la Segob es el picaporte de estos negocios. Y no precisamente por los permisos para juegos de azar que arbitrariamente han entregado a los Hank, Rojas Cardona, Telvisa y a los Guardia, entre otros. Sino porque existe una llave para abrir y cerrar el picaporte de cada casino, siempre pasando por la autorización municipal. Llave que la Segob, por corrupción o por omisión, entrega a los propietarios de casinos sin tomar en cuenta la ley y los reglamentos municipales. Se trata del “oficio de inicio de operaciones” que debe expedir Gobernación. Pero solamente lo debe entregar si los casinos, por ley, cumplen con una serie de requisitos. Entre ellos, deben tener el aval municipal del uso del suelo. Pero, por omisión o por corrupción, Gobernación no revisa que los casinos cumplan con esos requisitos y entrega el “oficio de inicio de operaciones”. Y en el caso de los 12 casinos que clausuraron en el Municipio de Monterrey, no hay permiso o uso del suelo.
Sin embargo, el escándalo por el peor ataque contra civiles en varios años ha llevado a la Secretaría de Gobernación (ministerio de Interior) a revisar los 27 permisos que avalan los 561 abiertos desde 1953, incluidos casinos, hipódromos, galgódromos y frontones. Pero el viceministro Juan Marcos Gutiérrez precisó que del total están operativos 306 y 255 se encuentran sin aviso de apertura. De ellos unos 60 funcionan solo con amparos judiciales pero sin el permiso del Gobierno Federal.
Las detenciones y acusaciones continúan, mientras el gobierno trabaja en una ley para reglamentar el juego en México; algo que se debió hacer desde un principio.


