La propuesta del gobierno entrante de simplificar el sistema tributario colombiano y reducir a tres los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) —renta, IVA e IVA externo— coincide con la inminente radicación de la reforma tributaria del gobierno saliente, prevista para el 20 de julio de 2026, dejando al sector de los juegos de suerte y azar en uno de los momentos de mayor incertidumbre regulatoria de los últimos años. Hasta ahora, ninguna de las dos iniciativas ha sido aprobada ni existe un articulado definitivo, por lo que cualquier cambio dependerá del trámite legislativo en el Congreso.


Actualmente, los operadores autorizados por Coljuegos, presidida por Marco Emilio Hincapié Ramírez, mantienen una carga compuesta por los derechos de explotación del monopolio rentístico, gastos de administración, impuesto sobre la renta y demás obligaciones derivadas de sus contratos de concesión. En materia tributaria, el IVA transitorio del 19 % aplicado sobre los depósitos mediante el Decreto Legislativo 0175 de 2025 dejó de ser el esquema vigente. En su lugar, el Decreto Legislativo 0240 de 2026 estableció para este año un impuesto nacional al consumo del 16 % calculado sobre el Ingreso Bruto del Juego (GGR), es decir, las apuestas recibidas menos los premios pagados.



El principal interrogante para la industria es cómo convivirá ese esquema con las dos reformas que se avecinan. La tributaria anunciada para el 20 de julio podría proponer nuevos ajustes sobre los juegos de suerte y azar como mecanismo para aumentar el recaudo fiscal, mientras que la propuesta de reorganización de la DIAN busca simplificar la administración de los tributos nacionales. Si ambas iniciativas avanzan, el Congreso deberá definir si el gravamen actual sobre el juego permanece como impuesto independiente, se integra al régimen general del IVA o es reemplazado por un nuevo mecanismo tributario.


Lo que no cambiaría automáticamente es el modelo concesional del sector. Coljuegos seguiría administrando las licencias, la supervisión del mercado, los derechos de explotación y las transferencias destinadas a la salud, salvo que una reforma legal modifique expresamente el régimen del monopolio rentístico.
Por ahora, el sector permanece a la expectativa de dos debates legislativos que podrían redefinir la estructura tributaria del juego en Colombia a partir de 2027, pero cuyo alcance definitivo aún depende del contenido de los proyectos y de las decisiones que adopte el Congreso.






























