Mientras que el marco regulador de los juegos de azar en Brasil aún no ha avanzado, sí lo ha hecho en el ámbito de las criptodivisas. El Senado brasileño ha aprobado la llamada ley bitcoin sobre la regulación del mercado nacional de criptodivisas. El texto vuelve ahora para el análisis y aprobación de la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley PL 4.401/2021, presentado por el senador Irajá, prevé la regulación de la "prestación de servicios de activos virtuales" y regula las operaciones de las empresas. Incorpora ideas de otros proyectos sobre el mismo tema: PL 3.825/2019 del senador Flávio Arns (Podemos-PR); PL 3.949/2019 del senador Styvenson Valentim (Podes-RN); y PL 4.207/2020, de la senadora Soraya Thronicke (União-MS). El texto original es de autoría del diputado federal Aureo Ribeiro (Solidaridad-RJ).
Según el proyecto de ley, los proveedores de servicios de activos virtuales deben obtener una autorización previa "de una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal". Dicha autorización podrá concederse mediante un procedimiento simplificado.
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Irajá (PSD-TO) señaló que los criptoactivos movieron 43.068 millones de dólares sólo en acciones en 2021, además de su uso como medio de pago, que creció un 6% en el último año.
El proyecto de ley no se aplicará a los NFT (tokens no fungibles), que según Irajá podrían ser regulados por el Ejecutivo en una ley posterior.
Según el texto aprobado, un activo virtual es "la representación digital de un valor que puede ser negociado o transferido por medios electrónicos y utilizado para realizar pagos o con fines de inversión", a excepción de las monedas nacionales tradicionales y los activos ya regulados por la ley. El Poder Ejecutivo deberá designar una dependencia de la Administración Pública Federal para definir qué activos financieros serán regulados por la futura ley.
Los proveedores de servicios de activos virtuales deben seguir ciertas pautas, como la obligación de controlar y mantener segregados los recursos del cliente. También deben adoptar prácticas de buen gobierno, transparencia en las operaciones y un enfoque basado en el riesgo; seguridad de la información y protección de los datos personales; protección y defensa de los consumidores y usuarios; protección del ahorro popular; solidez y eficiencia de las operaciones.
Además, los servicios deben prevenir el lavado de dinero, la ocultación de bienes, derechos y valores, combatir las actividades de las organizaciones criminales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, en línea con las normas internacionales.
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Los proveedores de servicios de activos virtuales deberán mantener separados los activos de recursos financieros y los activos virtuales de los respectivos avales de propiedad para los clientes. El texto aprobado también incluye en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales una lista de autoridades públicas obligadas a revelar sus operaciones financieras con criptoactivos.
Esta movida propone una gran salida al momento de darle luz verde al marco regulatorio de los juegos de suerte y azar, pues entrarían al mercado latinoamericano siendo lideres por tamaño y capacidad de mercado en lo relacionado a los criptopagos y apuestas.
