Ecuador cumple ya 6 años desde que, en la presidencia de Rafael Correa por medio de una consulta popular, en donde con un 52,34% a favor de “prohibir los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego”, se decidiera que fuese justos el cierre de la industria del juego en aquel país que llevaba operando ya un poco más de 50 años.
Sin embargo, es importante entender el trasfondo de la decisión que argumentaba Correa: “la industria con sus salas de juego deterioraba moralmente a la sociedad, generando deudas ilegales, evadían impuestos y servían para lavar dinero”.
Lo cual no era cierto, pues los controles eran sumamente estrictos buscando evitar justamente el lavado de dinero, los casinos al igual que en Colombia realizaban reportes en línea al SRI, “Servicio de Rentas Internas”, para el pago de sus impuestos. Además de esto existía la “Unidad de Inteligencia de Control de Lavado de Activos y el Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes” quienes recibían de manera periódica toda la información sobre las actividades en el sector.
De modo que la justificación que dio el mandatario de momento era totalmente refutable, pues los empresarios del sector cumplían con tener como aliado todo un marco jurídico que aseguraba la transparencia y el buen trabajo de los más de 100,000 trabajadores directos e indirectos.
A través de los años y mandato de correa el panorama para el juego continúo siendo totalmente oscuro y sin oportunidad alguna de regresar al mercado.
Sin embargo, tras el ingreso del gabinete del presidente Lenin Moreno al gobierno de ecuador se produjo repelo a la decisión antes tomada en contra de la industria, dando un giro de 180 grados ofreciéndole un poco de esperanza. Pues con Moreno, se ha venido trabajando en estrategias políticas para derogar el referéndum de hace 6 años.
Algo se tiene claro y es que esta nueva reestructuración de la industria no solo estará acompañada del gobierno sino también de representantes de Derechos Humanos, pues afirman que:
“Con la salida de los casinos y salas de juego, se violó la constitución y el derecho universal al trabajo; Sin embargo, con el retorno regulado de los casinos se incrementarán las rentas del estado y se crearán muchísimos puestos de trabajo” asegura Francisco Zambrano, presidente del comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, CEDHUS.
Al momento se han adelantado varias iniciativas que le han empezado a dar ilusiones a los empresarios de que la industria volverá a renacer con este nuevo mandato, tales como los esfuerzos para derogar el referéndum, el Consejo nacional Electoral autorizó la celebración de dos consultas populares en Salinas y Bahía Caráquez para que los habitantes decidan si se instalan casinos, casas de apuestas y salas de juego en estos territorios.
Aun que el proceso sea lento, lo único claro sobre la mesa es que esta estructura traerá consigo una nueva ley de casinos que fomente el turismo, impuestos que favorezcan las arcas del país, además de una Superintendencia de Casinos que tenga como misión regular la industria promoviendo su desarrollo transparente a través de una fiscalización que garantice el cumplimiento de la norma (incluyendo la fe pública, pago de impuestos y el buen desarrollo social).
