A uno de los negocios más cuestionados por la reglamentación que lo controla, el de los juegos de suerte y azar, le acaban de trazar una hoja de ruta para que tanto los empresarios que la representan como los jugadores que se divierten apostando en ella, sepan que con la Resolución 260 de 2013 se “exige a los operadores de juegos de suerte y azar del orden nacional la implementación de un Sistema Integrado para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SIPLAFT. La nueva Resolución fija los criterios mínimos exigidos a los operadores autorizados por Coljuegos, con base en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI-, organismo multilateral que establece los estándares para prevenir delitos que atenten contra la integridad del sistema financiero internacional”.
La implementación de la Resolución, que además de controlar los activos con dudosas procedencias, permitirá mejorar las entradas de recursos que tiene como finalidad la salud de los colombianos, será exigida desde el primero de julio. Afortunadamente los gremios del sector han estado abiertos al diálogo y comprenden la trascendencia de promover esta nueva regulación, pues le dará mayor transparencia y facilitará la entrada de la industria del juego al sistema financiero.
