La Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO-UGT), que cuenta con casi el 90% de la representatividad sindical, consideró necesario denunciar “la absoluta pasividad de las administraciones públicas en la lucha contra el juego ilegal que, cada vez más, irrumpe en las calles, abusa de la imagen de la discapacidad, engaña a la ciudadanía con productos sin ningún tipo de seguridad, y pone en riesgo la labor social de la ONCE, así como el puesto de trabajo de cada uno de los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización, todos ellos personas con discapacidad”.
La secretaria general de UTO-UGT en Aragón, Ana Isabel Gracia, dijo que “estamos aquí para luchar contra el juego ilegal, y sobre todo, en contra de entidades “manifiestamente ilegales”, como la OID, entre otras, que utilizan la imagen del sorteo de la ONCE, copian sus productos y su imagen, emplean de forma torticera la discapacidad en su propio beneficio”.
El Comité Estatal de UTO-UGT decidió movilizarse y salir a la calle para exigir a las autoridades competentes que actúen. Para ello, utiliza la campaña “El Juego Ilegal no es un Juego”, que trata de sensibilizar a los estamentos públicos de la necesidad de cumplir la normativa vigente sobre juego de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, que establece las condiciones específicas que regulan este sector, en todos los niveles, y que es burlada por quienes actúan al margen de la normativa y ponen en riesgo cada día a los ciudadanos que compran estos productos sin ninguna garantía.
UTO-UGT consideró “muy escasas y poco rotundas” las actuaciones contra esta actividad ilegal, como la imposición de una sanción de 25 millones de euros a la OID acometida por el Ministerio de Hacienda, puesto que no supuso ningún avance significativo y, como expresa la propia resolución ministerial (BOE 27-12-2014) se trata de una Organización “con plena consciencia del carácter ilegal de su actividad”, con una “actitud perseverante” en la ilegalidad, con “ausencia de aprecio por la legalidad vigente”, lo que constituye un “grave atentado contra el orden jurídico”. Y todo ello sin consecuencias para el infractor.
“No podemos tolerar que la Administración no haga cumplir las numerosas sentencias y resoluciones administrativas y judiciales que pesan contra el juego ilegal y, concretamente contra la OID, que sigue campando a sus anchas vendiendo sus productos y engañando a casi 100.000 consumidores cada día y, hasta hace poco, con la posibilidad de llegar a menores a través de su página web, como apunta el propio Ministerio de Hacienda en la citada resolución”, indicó el sindicato.
UTO-UGT exigió, con carácter de urgencia, la intervención de la Administración del Estado para que, de una vez por todas, se haga cumplir la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, “no solo a los que actuamos dentro de la legalidad, pagamos nuestros impuestos y trabajamos de forma responsable, sino también, y de manera concluyente y definitiva, a aquellos otros que sistemáticamente la transgreden, como es el caso de la OID”.
Este sindicato expresó que “iniciará cuantas acciones considere convenientes” para denunciar la “pasividad e inacción” del Gobierno en el cumplimiento de la Ley, exigiendo con rotundidad “erradicar esta lacra de juego ilegal que, aprovechándose de la solidaridad de la ciudadanía, ataca directamente a la sostenibilidad de la Institución y a nuestros productos de juego, poniendo en peligro los puestos de trabajo y la estabilidad laboral de todas las personas que dependemos de ella y de forma especial, pues lo sufren directamente en la calle, la de los vendedores y vendedoras de la ONCE”.
En el documento preparado por el sindicato, se sostiene que “el juego ilegal atenta contra los derechos de los consumidores, al no tener ningún tipo de regulación ni control en las emisiones y pago de premios”, y “engaña a más de 100.000 personas cada día, que consideran que están adquiriendo productos de marcas legales”.
El tercer punto trata sobre la recaudación de este juego ilegal: “más de 80 millones de euros al año, entre una veintena de supuestas organizaciones, entre las que destaca la OID (unos 60 millones). El destino final de estas recaudaciones es totalmente opaco y fuera de los cauces legales establecidos”.
Agrega que “el juego ilegal no aporta ni un solo euro a las arcas públicas, dado que su actividad es ilegal, los vendedores no están dados de alta en la Seguridad Social y no paga ningún tipo de impuestos”.
Asegura que el juego ilegal “representa por tanto un supuesto caso de fraude fiscal para el Estado y para las Comunidades Autónomas y, como tal, para todos los ciudadanos”, y que se “copia y utiliza la imagen, los sorteos y hasta la publicidad de operadores como la ONCE para engañar a posibles compradores”.
“El juego ilegal utiliza y explota personas en situaciones de extrema dificultad y desempleo y no les ofrece ningún tipo de cobertura social y le quita al fisco euro82M”.
El documento afirma que el juego ilegal “hace una utilización lastimera de la imagen de las personas con discapacidad como gancho para su actividad, como ha denunciado en varias ocasiones el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)”.
Advierte asimismo del riesgo que tiene el juego ilegal en los menores; “tanto con el juego físico como a través de Internet, al no tener ningún tipo de control ni precaución”.
Por último, el sindicato manifestó que el juego ilegal hace peligrar a los operadores legales, “como la ONCE y sus más de 20.000 vendedoras y vendedores, todos personas con discapacidad, así como la estabilidad de esta Organización prestadora de servicios sociales y los puestos de trabajo y generación de empleo legal y estable para las personas con discapacidad”.
