El futuro fiscal del juego en línea en Colombia está en manos de la Corte Constitucional, luego de que el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, solicitara mantener vigente el IVA del 19% para cada jugador que participe en apuestas deportivas o juegos online a través de operadores licenciados por Coljuegos.
La solicitud responde al Decreto Legislativo 175 de 2025, emitido durante la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, y busca recaudar recursos para financiar acciones humanitarias, fortalecimiento institucional y protección de derechos fundamentales en esa zona crítica.
La Procuraduría General argumentó que el decreto cumple los principios constitucionales de necesidad y proporcionalidad, siempre que los recursos recaudados se destinen exclusivamente a los fines establecidos. En su concepto, el impuesto no solo es legal, sino también necesario para garantizar la sostenibilidad de las medidas adoptadas por el Estado.
Sin embargo, desde el sector empresarial regulado, la preocupación es evidente. Según datos de Fecoljuegos, los ingresos brutos por apuestas han caído un 30% desde la entrada en vigor del impuesto, lo que pone en riesgo la estabilidad de muchas operaciones, algunas de las cuales representaban una inversión segura para empresarios del sector.
El impacto también afecta la percepción del juego legal como un motor de ingresos. Operadores que antes veían el ecosistema regulado como imbatible, ahora enfrentan ajustes y reconfiguración de su modelo de negocio. Aun así, hay quienes confían en que la regulación colombiana puede transformarse nuevamente en un éxito nunca antes visto, con reglas claras y sostenibilidad a largo plazo.
La Corte Constitucional deberá definir si mantiene el impuesto, en lo que será una decisión clave para el equilibrio entre urgencia fiscal y estabilidad normativa del juego legal en Colombia.
