Así lo confirmó Camilo Enciso Vanegas, secretario de transparencia de la Presidencia de la República, durante su intervención en el Congreso LA/FT América Gestión de Riesgo. Varios fueron los anuncios realizados por el secretario Enciso. En primer lugar afirmó que ''esta misma semana debe quedar firmado'' el Decreto que define el concepto de personas expuestas políticamente (PEP) para Colombia.

Según lo expresó, las PEP tendrán tres categorías: aquellos funcionarios que tienen control sobre el gasto público, aquellos que participan en la toma de decisiones importantes en las entidades del Estado y todas las personas que gozan de reconocimiento entre la ciudadanía.

No obstante, ante la pregunta de si dicho decreto incluirá un listado, el funcionario sostuvo que ''este decreto no la tiene, pero sí la estamos estructurando con el Departamento Administrativo de la Función Pública y sí vamos a tener la lista para todos ustedes (los sectores reportantes)''. En la charla Enciso contó una infidencia: reconoció que en su opinión personal los familiares de las PEP también deberían gozar de esa calidad; no obstante, señaló que al interior del Gobierno hubo varios debates acerca de este tema y que finalmente esa propuesta no tuvo acogida.

Posible proyecto de ley de registro de beneficiarios

Otro de los temas sobre los cuales Enciso Vanegas hizo hincapié fue en la próxima presentación al Congreso de la República de un proyecto de ley que buscará generar un registro de beneficiarios finales de las compañías que operan en Colombia.

Según manifestó, este registro servirá tanto para que las empresas privadas puedan gestionar los riesgos de LA/FT y de corrupción, como para que las entidades de justicia puedan tener acceso oportunamente a la información. El secretario sostuvo que el texto de la iniciativa ya está listo.

¿Tatequieto a las fundaciones?

El secretario de transparencia también manifestó en su exposición que su oficina está trabajando en la elaboración de un estatuto que regule adecuadamente a las fundaciones, muchas de las cuales son utilizadas para actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Inicialmente lo que se prevé es que la Superintendencia de Economía Solidaria se encargue de regular a las fundaciones que contratan con el Estado y luego se vaya ampliando el número de supervisados.

Otra de las novedades normativas que anticipó es la modificación del Decreto 777 de 1992 con el fin de que la obligatoriedad de abrir licitaciones también aplique para las contrataciones que se efectúen con entidades sin ánimo de lucro (Esal).

De acuerdo con Enciso, más del 30% del presupuesto de los territorios se contrata con Esal a través de convenios interadministrativos. Es decir, contratación directa que facilita la corrupción.

Oficiales de cumplimiento: ¡ojo con su reputación!

Recientes casos en la región y en Colombia muestran que el riesgo reputacional también recae sobre los profesionales encargados de gestionar el riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en toda clase de entidades. Según el numeral 1.6.1. del Sarlaft financiero, el riesgo reputacional se traduce en ‘‘la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales’’.

La definición de este riesgo es casi idéntica en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, que obliga a las empresas más grandes del país a implementar un Sagrlaft, y en el capítulo 11 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria, que exige a las cooperativas de ahorro y crédito establecer un Siplaft.

Como se ve, en ninguna de las citadas definiciones se contempla que el riesgo reputacional incluya al oficial de cumplimiento, esto debido a que las normas asumen que los riesgos asociados al LA/FT (legal, operativo, de contagio y reputacional) solamente involucran a las entidades. No obstante, la casuística denota todo lo contrario: paradójicamente en muchas ocasiones son los oficiales de cumplimiento los que ven afectada su imagen, mientras que las compañías siguen adelante en sus operaciones.