La reactivación del impuesto de timbre con una tarifa del 1% aplicable a ciertos documentos públicos y privados ha generado interrogantes sobre su impacto en las transacciones cotidianas de los ciudadanos.
Este tributo, que había estado inactivo, ahora se encuentra vigente y afecta contratos, escrituras, pagarés y otros documentos con montos superiores a 6.000 UVT (aproximadamente $298.794.000 COP en 2025), lo que implica un cambio sustancial en la dinámica tributaria de muchas operaciones formales.
El impuesto de timbre representa un costo adicional para quienes realicen operaciones que requieran la formalización de documentos sujetos a este gravamen. Si bien no afecta compras menores, sí impacta transacciones de alto valor como la compraventa de inmuebles, la constitución de garantías bancarias o la suscripción de ciertos contratos mercantiles.
Un ciudadano que firme un contrato sujeto a este impuesto por un valor de $1.000.000 COP deberá pagar un gravamen de $10.000 COP, lo que en términos individuales puede parecer menor, pero en documentos de mayor cuantía se convierte en una carga considerable. En una transacción de $500.000.000 COP, el impuesto ascendería a $5.000.000 COP, lo que incide directamente en la estructura de costos de empresas y personas naturales que formalizan sus acuerdos contractuales.
Si bien este impuesto implica un costo adicional, en la práctica no impide que se realicen transacciones de bienes y servicios, ya que quienes deseen vender o comprar un bien seguirán llevándolo a cabo, ajustando sus presupuestos para cumplir con la normativa fiscal. En este sentido, el impuesto de timbre debe analizarse más como un factor a incluir dentro de la planificación financiera y tributaria que como un obstáculo para la actividad comercial. En términos económicos, representa una contribución adicional que impacta el flujo de caja de los contribuyentes, pero que también se traduce en recursos adicionales para la financiación de programas estatales.
El análisis de la estructura tributaria y su evolución debe considerar si este tipo de impuestos cumplen con su función de redistribución sin afectar de manera excesiva la actividad económica formal.
Laura Ardila Bendek
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